Choques entre grupos de opositores y simpatizantes del Gobierno agravan el conflicto boliviano

El fracaso del diálogo entre el Tribunal Supremo Electoral y los sindicatos mineros y campesinos que se oponen a la postergación de las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre ha puesto a Bolivia al borde de un nuevo conflicto social. Grupos formados por jóvenes de clases medias que se identifican como “no indígenas” chocaron el fin de semana con grupos de campesinos y vecinos de sectores populares que, tras haber comenzado su movilización con la bandera de “elecciones ya”, han terminado pidiendo la renuncia de la presidenta del Gobierno, Jeanine Áñez.

Estos enfrentamientos son similares a los que, a final del año pasado, antecedieron la salida del expresidente Evo Morales, solo que ahora sus protagonistas actúan al revés: mientras los campesinos y vecinos populares protestan, los grupos de clase media salen —junto a la policía o por su cuenta— a enfrentarlos. Peleas con palos y explosivos no letales entre estos dos bandos se han dado este fin de semana en La Paz, Cochabamba y en el pueblo de Samaipata, en el departamento de Santa Cruz. Hubo varios heridos leves. En San Ignacio de Velasco, en la misma zona, un grupo de campesinos retuvo por unas horas a tres jóvenes que llegaron a este pueblo junto a un grupo de activistas de los comités cívicos provenientes de Santa Cruz de la Sierra.

Luis Fernando Camacho, candidato a la presidencia y líder de las manifestaciones de 2019 en contra de Morales, ha enviado una carta abierta a la presidenta Áñez en la que la conmina a disciplinar a los sindicatos, que están vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales. “Si usted se muestra genuflexa y sometida al MAS y no cumple su misión constitucional de dar seguridad a los bolivianos, y no ordena el levantamiento de los bloqueos (...) le anuncio que me veré obligado a convocar al pueblo para rechazar la violencia masista y cuidar la democracia y la vida de los bolivianos”, le advirtió.

Hace unos días el Gobierno amenazó con usar “todo lo que tiene” para despejar las rutas de los bloqueos, pero hasta ahora solo ha ordenado que aviones militares vuelen sobre las concentraciones campesinas. De forma sorpresiva, Áñez convocó a un diálogo entre instituciones, sectores sociales y partidos políticos el pasado domingo, al que no asistieron los actores más relevantes. En esta reunión se acordó ratificar el 18 de octubre como fecha “definitiva e impostergable” de las elecciones.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, fijó este lunes como el último plazo para que se produzca un desbloqueo voluntario. Advirtió de que si alguna persona pierde la vida en los “operativos” del Gobierno, será “entera responsabilidad de quienes están movilizados y del partido político que está detrás de esto”.

Aunque los otros partidos culpan a Evo Morales y al MAS de los bloqueos en las carreteras, en realidad el expresidente y su partido están lidiando con dirigentes sociales más radicales que no se preocupan por los efectos electorales de las protestas y no quieren retroceder hasta lograr la renuncia de Áñez de la presidencia. Morales recomendó no enarbolar esta demanda. “Los dirigentes y las bases sociales movilizados deben optar responsablemente entre la renuncia de Áñez, que postergará aún más nuestro retorno a la democracia, o elecciones prontas con la garantía de Naciones Unidas”, tuiteó el domingo. Morales está pidiendo que los bloqueos sean suspendidos con el compromiso de las autoridades electorales, ante organismos internacionales, de que la fecha no volverá a postergarse con el argumento de la crisis sanitaria. Pero su palabra hasta ahora no ha bastado para calmar a las bases de su movimiento, que están furiosas por lo que ha ocurrido en estos meses, entre otras cosas por la actuación de los grupos de choque antimasistas, que son tolerados por la policía.

El MAS cree que tanto Áñez como Camacho quieren postergar las elecciones sine die porque el favorito para ganarlas es el candidato del partido izquierdista, Luis Arce, que podría verse en segunda vuelta con expresidente Carlos Mesa. Una nueva postergación del Tribunal Electoral de la fecha previamente acordada empujó a este partido a iniciar una oleada de protestas, pese a los riesgos de crear focos de contagio del coronavirus. Esta iniciativa fue ampliamente repudiada por las clases medias. Las redes sociales se llenaron de ataques contra el MAS, al que se acusa de “crímenes contra la humanidad” por la detención de camiones cisterna que llevan oxígeno medicinal en las carreteras. Esta sustancia se produce principalmente en Santa Cruz, así que debe viajar desde allí a las demás ciudades del país. Las autoridades gubernamentales han hecho hincapié en este aspecto del conflicto; advierten que solo hay una provisión de oxígeno para dos días en los hospitales de La Paz.

El MAS afirma que la carestía de oxígeno medicinal existe desde hace mucho y se debe a la inoperancia del Gobierno y no a los bloqueos. Desde las redes sociales y los medios de comunicación se exige una sanción drástica contra este partido por “causar muchas muertes” con sus medidas. El Ministerio de Justicia ha pedido el procesamiento de los dirigentes sindicales, así como de Evo Morales, Luis Arce y su acompañante como aspirante a la vicepresidencia David Choquehuanca, aunque solo el primero tiene una vinculación legal con los sindicatos que están actuando. Los cargos son por “genocidio, terrorismo, sedición, delitos contra la salud, los servicios básicos, destrucción del ornato público y delitos contra el medio ambiente”.

Luego de la caída de Morales, en noviembre pasado, se produjo un vacío de poder por la decisión de este de hacer renunciar a las principales autoridades parlamentarias del MAS. En este contexto, los parlamentarios de oposición de entonces formaron el Gabinete de Jeanine Áñez, que debía estar en el poder solamente durante seis meses para convocar a elecciones. Pero la presidenta se convirtió en candidata y luego, con la llegada de la pandemia, la dificultad de realizar las elecciones creó estímulos para que los diferentes actores políticos hicieran cálculos individuales acerca de cuándo les convenía realizar las elecciones.